Carta del Defensor del Pueblo, en respaldo al Estado ecuatoriano sobre despatologización de la transexualidad

Señora Doctora

Celia Riera

Representante de la O P S/ O M S en El Ecuador

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS/OMS

En su Despacho

De mi consideración:

La Constitución ecuatoriana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta y la Declaración de Socumes, entre otros, son los referentes jurídicos y éticos de mayor avanzada en la protección y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGBTI, en cuanto proclaman el principio de igualdad y no discriminación y ubican a la identidad de género como una de las razones por las cuales está prohibido discriminar a las personas.

Además, constituyen presupuestos de responsabilidad para el Estado y los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en momentos que la situación de desigualdad de la ciudadanía LGBTI se encuentra acentuada por el refuerzo de sentimientos de odio y rechazo, últimamente justificados en la vigencia de manuales médicos y documentos oficiales como la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, que deben ser revisados a la luz del contexto actual, por cuanto todavía consideran a la transexualidad como un trastorno mental de la identidad de género, menoscabando el ejercicio de los derechos fundamentales de un importante grupo social, a consecuencia de la discriminación.

Cabe mencionar, que el enfoque de la transexualidad como trastorno mental afecta la dignidad, la seguridad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y psicológica, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a una vida libre de violencia, la salud, entre otros derechos de las personas que forman parte de la ciudadanía LGBTI y las sitúa en condición de vulnerabilidad y doble vulnerabilidad, en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, razón por la cual, el respeto, protección y garantía de sus derechos, es directamente proporcional al reconocimiento de su diversidad y las decisiones asumidas con libertad.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos de Ecuador, respalda el pedido realizado por el Estado ecuatoriano a través de la Ministra de Salud, Carina Vance, mediante Oficio Nro. MSP-SDM-10-2012-1985 O de fecha 26 de diciembre de 2012, con el fin de que se retire de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, las categorías y subcategorías relacionadas con los trastornos por identidad de género y la transexualidad.

Estamos convencidos que esta decisión histórica de la OMS, conforme ha procedido anteriormente con la eliminación de la homosexualidad como tipo de trastorno mental, constituirá una importante medida para el respeto del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, a favor de las personas que forman parte de la ciudadanía LGBTI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Patricio Vicente Benalcázar Alarcón

DEFENSOR DEL PUEBLO, SUBROGANTE

Responsabilidad social de la caricatura

Javier Darío Restrepo*

Mensaje Los montajes humorísticos y las caricaturas son recursos periodísticos cercanos a la columna de opinión y a los editoriales, y, como ellos, se rigen por las mismas normas de cualquier texto periodístico de opinión.
Su compromiso con la verdad es azaroso porque parte de su don es reducir situaciones o actitudes de personajes, a símbolos que, mal utilizados, pueden distorsionar, recortar o suprimir la verdad de un hecho o de una persona. Los caricaturistas siempre expresan su opinión, pero esa expresión debe estar basada en la verdad de los hechos. La suya es “la verdad del parecido”.
Cuando el montaje o la caricatura se trabajan sobre falsedades, equivalen a una agresión burda y se convierten en insultos como los de los grafiteros en los muros callejeros. Entonces el caricaturista degrada su oficio y le hace perder dignidad y credibilidad.
Los caricaturistas son, por oficio, críticos agudos de los gobiernos, destacan sus debilidades y errores, sin perder la sonrisa. El de la crítica es un ejercicio indispensable en las democracias y satanizado en las dictaduras. Los caricaturistas y los niños tienen el privilegio de gritar que el rey está desnudo, cuando los demás callan intimidados. Suelen ser mal recibidos por los gobernantes autoritarios. Es una excepción la reacción democrática del presidente Belisario Betancur, de Colombia, quien al hablar a un caricaturista le dijo: “gentes como usted sí le cuentan al gobernante cómo va él y cómo va el país.”
Sin embargo esa tarea de denuncia queda mal hecha cuando en vez de ser una voz sincera, el grito es una explosión de odio.
Como se ve, tanto la ética como el público esperan del caricaturista “una obra fina, elegante, sutil y hasta donde ello es posible, risueña.” Estas fueron las calidades exigidas por el periodista y político colombiano Álvaro Gómez Hurtado en un escrito sobre el tema
Documentación
La caricatura no debe trabajar sobre falsedades absolutas. Ello no sería sino una agresión burda, como pueden serlo un insulto o una bofetada. La desfiguración circunstancial que se hace en busca de lo grotesco o lo ridículo tiene que estar circunscrita dentro de ciertos parámetros para que no se devuelva, como un bumerang, contra el propio caricaturista. El alejamiento de la verdad que va envuelto en toda caricatura es el elemento más peligroso de cuantos hay que manejar en este arte tan sutil.
La desfiguración que hace el caricaturista envuelve casi siempre, una acusación. Se le atribuye a una persona un dicho, un hecho, una intención o una simple deformación física que van en detrimento del prestigio de la víctima. De ahí que al caricaturista se le considere como un agresor. Esto hace que, en el periodismo de nuestro tiempo, tan timorato, tan distinto del oficio panfletario de principios de siglo, la agresividad inusitada del caricaturista termina marcando ante el público, la propia actitud del órgano en que sus dibujos se divulgan.
Álvaro Gómez Hurtado en “Osuna de Frente”. El Ancora Editores, Bogotá, 1982. P.8

* Tomado de: Revista Mediaciones CIESPAL. Disponible en http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/analisis/1255-responsabilidad-social-de-la-caricatura.html

La feria de los sueños en España

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Quince años después, el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito ya no se encuentra abarrotado de emigrantes, como en aquella época del éxodo ecuatoriano, sin embargo, continúa siendo la memoria histórica de esos encuentros y desencuentros, de sueños y pesadillas, esperanzas y desazón, alegría y dolor, rabia y perdón, amor y odio, del quedarse, del huir, de ser o no ser, del marcharse para siempre, del despedirse de una vez, de resistir o desfallecer, de dejar atrás aquel país ajeno y distante, ese país de feriados bancarios, dolarización, crisis, pobreza y exclusión, esa Patria sin patria, ese sombrío Ecuador.

En aquella época, Europa y Estados Unidos eran el mejor camino para un mundo mejor. La creciente industria del ladrillo en los países del Norte, fue una invitación atractiva para la mano de obra. Nuestros compatriotas, al igual que otros emigrantes, en su mayoría se emplearon como obreros de la construcción. ¡Por fin un trabajo que permita vivir con dignidad, comprar una casa, un negocio propio, salud, educación, calidad de vida!. Una oportunidad que su país de origen les había negado.

Pero el hecho de mejorar el poder adquisitivo se tornó en su contra, al ser sus ingresos, una invitación atractiva para algunos inescrupulosos promotores inmobiliarios y banqueros, quienes vieron un negocio de alta rentabilidad en los sueños de los trabajadores, vulnerables a las leyes de oferta y demanda del mercado neoliberal. 

 

Estos promotores y banqueros sin alma, se sirvieron de la especulación para forzar la demanda de viviendas, induciendo al engaño con publicidad seductora. “casi, casi -dice un afectado- que tener casa propia era un símbolo de status”.  Mientras más nueva, más grande, muy bien decorada, mejor. El negocio de las hipotecas también permitía la compra fácil de vehículos, pago de deudas y consumo en general.  Y así, los créditos se convirtieron en la varita mágica para acceder a todos los sueños. 

Cabe indicar, que la burbuja inmobiliaria, a pesar de ser una de las causas de la crisis económica europea, se encuentra protegida por varios Estados europeos, no así las personas afectadas, muchas de ellas, ecuatorianas. Los órganos de control han asumido un rol de "dejar hacer" en la especulación hipotecaria; y, los ayuntamientos, inflaron el valor de los avalúos catastrales, favoreciendo los sobreprecios de las viviendas.

Por su parte, los bancos y promotores inmobiliarios, hoy persiguen a nuestros compatriotas, valiéndose de leyes injustas. 

Las consecuencias han sido nefastas. “Cada ocho minutos hay un desahucio en España” ¹, que vulnera el derecho a la vivienda. Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), desde el 2007, inicio de la crisis inmobiliaria, han causado el desalojo de unas 400.000 familias, entre las que están casi un 4% (15.000) de las de inmigrantes ecuatorianos.²

 

Ex esposos, ex esposas, ex hijos, ex hijas, ex padres, ex madres, ex amigos, ex amigas, ex proyecto de vida, ex vida.

Sin duda, es la muestra evidente del fracasado modelo económico neoliberal que sólo funciona para enriquecer más a los que tienen más, y empobrecer más a los que tienen menos, a través de la acumulación, producto de la explotación. Por eso es importante impulsar el cambio en las relaciones de poder hegemónico para lograr mayor justicia en nuestras sociedades latinoamericanas, en beneficio de la dignidad humana.

1 Tomado de http://www.youtube.com/watch?v=rDRDSOvGeIg

2 2http://www.eluniverso.com/2012/11/18/1/1361/acosados-hipotecas.html, Edición digital del 18 de noviembre de 2012

Responsabilidad ulterior en tiempos de campaña electoral

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Paulina Mogrovejo Rengel *

* Doctora en Jurisprudencia, Especialista en Derechos Humanos, Investigadora Social, Coordinadora Proyecto Observatorio de Comunicación y DDHH Defensoría del Pueblo de Ecuador y Ex Secretaria Relatora del a Comisión Especializada Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador.

La Constitución de la República reconoce que todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador son libres e iguales, con los mismos derechos y las mismas oportunidades, lo que se convierte en el principal patrón jurídico de las acciones sociales para garantizar una sociedad democrática, incluyente, respetuosa de los derechos fundamentales, las culturas y la diversidad.

Esto constituye un principio de la democracia, que funciona cuando las condiciones políticas y jurídicas favorecen la participación social más allá de los procesos representativos, en el marco de la presencia ciudadana en la toma de decisiones del poder público, así como en el control social para que sus actos sean consecuentes con los derechos sociales y la dignidad de las personas.

Esto es posible, cuando las personas pueden desarrollar su personalidad en entornos ambientales y sociales favorables, donde el ejercicio de pensar y expresarse libremente pueda realizarse sin censura previa y con responsabilidad ulterior, para lo cual es fundamental que la información que reciben por parte del Estado y los particulares, a través de los medios de comunicación social, en todas sus modalidades, se realice de manera veraz, verificada, contextualizada, oportuna y plural. 
 

Lo plural, que tiene que ver además con el derecho a una comunicación intercultural, incluyente y participativa, debe permitir a las personas, considerar todos los puntos de vista, en su propia lengua y sus propios símbolos. 

Por lo tanto, la libertad de información debe ser entendida en conjunto con el derecho a la comunicación, partiendo de los siguientes principios:

• Libertad de expresión sin censura previa, con responsabilidad ulterior y sin discriminación.

• Búsqueda, intercambio, producción y difusión de información libre, responsable, ética y respetuosa de la dignidad humana, el orden público y la salud pública.
• Derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, acerca de los hechos y acontecimientos de interés general.
• Comunicación intercultural, diversa, incluyente y participativa.
• Diálogo nacional, participación y control social.

Ahora bien, en el ejercicio de la política, más concretamente en el plano de la promoción electoral, los candidatos y candidatas, así como sus partidos políticos, tienen garantizado constitucionalmente su derecho a la libre expresión y opinión, con la finalidad de que puedan transmitir sus ideas e intenciones a la ciudadanía y esta a su vez haga la mejor elección respecto a las dignidades que dirigirán el futuro del país. Esto hace posible el diálogo y la participación social y fortalece la democracia. 
 

Pero este ejercicio, que se ha venido realizando sin censura previa a través de los medios de comunicación social en todas sus modalidades, también está sujeto a responsabilidad ulterior como en todas las demás circustancias, dado que la ley es para todos y su condición de candidatos de ninguna forma otorga inmunidades para afectar la dignidad de las personas y los grupos sociales. 
 

Esto quiere decir, que las expresiones de los candidatos y las candidatas a la Presidencia de la República y cualquier otra dignidad de elección popular, se encuentran limitadas democráticamente para evitar que las mismas atenten contra la moral y la reputación de los demás, así como para que no tiendan a incitar el odio nacional, la guerra, la discriminación, la homofobia, la xenofobia y otras que menoscaban o anulan el ejercicio de los derechos de otras personas y grupos sociales. 
 

Estos límites y las responsabilidades ulteriores, se encuentran tipificados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República, como mecanismos de protección de los derechos fundamentales; y, en el Código Penal ecuatoriano, que prohíbe con prisión de seis meses a tres años, “el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad” (Art, innumerado, capítulo delitos de odio CP). 
 

De tal forma, que los habitantes del Ecuador estamos amparados por la normativa constitucional y legal y ninguna persona, mucho más si aspira ser autoridad del país, tiene derecho a vulnerar nuestros derechos constitucionales. Acciones como incitar al rechazo de los grupos LGBTI como últimamente estila el candidato Nelson Zavala no solo que resulta una verguenza quizá para los miembros del mismo partido que no se han pronunciado al respecto, o para el país entero que camina sobre senderos de igualdad, sino que están sujetas a responsabilidad ulterior que el candidato tendrá que asumir si no rectifica su posición. 
 

Que no crean, algunos candidatos como Nelson Zavala y otros, que porque fuerzas de oposición entre las cuales se encuentra su partido político, que bloquearon la expedición de una Ley Orgánica de Comunicación, argumentando que la mejor ley es la que no existe, sus expresiones discriminatorias pueden quedar en la impunidad. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República es el más alto deber del Estado y el reto principal de los organismos de control. 
 

Por su parte, desde la ciudadanía es momento de iniciar un diálogo nacional con respecto a la responsabildiad ulterior en el ejercicio de la política (candidatos y autoridades) y defender los derechos fundamentales de todos y todas, a través de los mecanismos de control social y el ejercicio de la participación en los procesos de comunicación. 

El quinto poder en el ejercicio del derecho a la comunicación

Transcurrida una década del siglo XXI, las relaciones mundiales se presentan en el marco del capitalismo tardío, en medio de centros de poder económico y periferias que existen en permanente tensión. En este contexto, las grandes empresas transnacionales, junto a grupos económicos regionales o locales y gobiernos afines, buscan  "consensos" a favor del pensamiento único neoliberal, mediante la convergencia de las telecomunicaciones, la industria cultural y las TIC, concentradas en grandes monopolios de la información y la comunicación. ¹

Con esta lógica, se producen y reproducen contenidos televisivos, cine, deporte, información y  publicidad, dentro de un discurso mercantil, discriminador y excluyente. Temas como la formación ciudadana, la educación y la opinión para la democracia, los problemas sociales como la pobreza, la exclusión, la violencia o los dramas de los grupos vulnerables quedan fuera de las agendas mediáticas, excepto si son entretenimiento o publicidad. ²

En este contexto, los ciudadanos globales se van convirtiendo de a poco en consumidores sin restricciones, personas intolerantes, hedonistas, falsamente progresistas, excluídas en el acceso a la información, al conocimiento y a las TIC,  víctimas de la infopobreza y el analfabetismo tecnológico. Y lo que es peor, acostumbrados a estereotipos y fenotipos discriminatorios contra mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes o personas con discapacidad o nacionalidad diferente, a los que consideran "anormales", o "inferiores".

En la América Latina de hoy,  la producción y distribución de  contenidos excluyentes y discriminatorios a través de los monopolios de la información y la comunicación ha provocado una permanente tensión entre el poder político y los medios de comunicación, convertidos hoy en día, en los principales actores políticos que defienden la libertad de expresión, desde la perspectiva neoliberal.

En el caso de Ecuador, nuestros esfuerzos por resistir la presión mediática internacional o regular el monopolio de la convergencia tecnológica son insuficientes, debido a la ausencia de una ley  de comunicación que regule los  contenidos y la publicidad, así como garantice una equitativa distribución del frecuencias del espectro radioeléctrico a favor de los medios comunitarios. Al menos algunos gobiernos locales como Quito, tratan de controlar la publicidad de vallas ubicadas en los espacios públicos.

Frente a esta realidad, las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en en ejercicio de su condición de "quinto poder", tienen la responsabilidad cívica e histórica de exigir a las empresas de comunicación que respeten sus límites, a través de los mecanismos constitucionales de participación  y control social encaminados a  promover y proteger  el interés público,  los derechos fundamentales y la lucha contra la discriminación. 

Porque es momento de visibilizarnos como sujetos de derecho y no como  mercancías, sólo la acción social de los habitantes del Ecuador, como primeros fiscalizadores del poder público y privado, hará posible transformar  esa visión deformada de la realidad y construir discursos consecuentes con la democracia y la dignidad humana.

 

1 Todos sabemos de las corporaciones globales de medios de USA y Europa que tienen una presencia mundial y consolidan y extienden esa presencia. Las seis mayores hasta la próxima fusión son News Corporation de Murdoch, AOL Time Warner (USA), Walt Disney Co (USA), Bertelsmann AG (Alemania), Viacom (USA) y Vivendi Universal (casa matriz en el Reino Unido, la respuesta europea a la fusión AOL Time W.).

Pero además, la globalización y las políticas de convergencia tecnológica (telecomunicaciones + industrias culturales + tecnologías de la información) generaron una clase global de magnates locales de medios, que manejan sectores claves de sus economías nacionales, tienen enorme poder político y gran influencia en la agenda pública cotidiana. (Fiol: 2001)

2Según un estudio desarrollado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, las personas adultas mayores son casi inexistentes (menos del 1%) en publicidades y programas. El 78% de los hombres es tomado en cuenta para opiniones en noticieros, mientras que las mujeres solo tienen un 22% de participación. Este dato llama la atención si tomamos en cuenta que el 50,4% de la población ecuatoriana son mujeres. Solo un 4% de los personajes son indígena y afro descendientes en publicidades. En programas de comedias la participación de los afros es de 8% con el estereotipo de que son delincuentes.

Autodepuración como salida democratica contra el oportunismo

En una dimension individual, los partidos y movimientos políticos permiten expresar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos a la libertad de pensamiento,  a la asociación y a elegir y ser elegidos para los cargos de elección popular como autoridades ejecutivas o  conformar el poder legislativo a traves del Parlamento.

En la dimensión social.  los movimientos y partidos políticos se constituyen en la expresión de cada una de las ideologías de los grupos sociales que buscan administrar el Estado, producir leyes o el control político desde el Parlamento desde sus miradas ideológicas. Cuanta mayor pluralidad ideológica exista, más democrática será la representación política del poder; y, el corte ideológico correspondiente que definirá la toma de decisiones en ejericio de la potestad estatal también será más diverso.

Por lo tanto, si por efecto de la voluntad popular, un partido o movimiento político de derecha alcanza el poder, la dirección del Estado tiene un corte de defensa de las libertades individuales y la propiedad privada. Si es de línea progresista, promoverá mayor intervención del Estado en la economía y  relaciones de produccion mas equitativas y comunitarias. Siendo que esto depende de la voluntad popular de la mayoría, cualquiera que sea la ideología en el poder, es legítima, igual que lo es, la oposición de los otros sectores que comparten o buscan la toma del poder estatal. 

En este contexto, los movimientos y partidos politicos estan obligados a proponer a la sociedad, los mejores y más formados militantes de sus filas para dirigir el Estado en calidad de dignatarios; sin embargo,  puede pasar, como en efecto pasa, que estos militantes, habiendo alcanzado el poder político para trabajar por el bien común, ya sea desde una visión de izquierda, derecha u otras corrientes políticas, se apartan de este objetivo para satisfacer sus propios intereses corporativos, personales, familiares o actúan en base a desafectos o afectos, abusando del poder otorgado en las urnas para boicotear, mentir, chantajear, insultar, amenazar, confabular u otras acciones que sobran cuando las ideas faltan.

Estas situaciones le quitan valor al sistema politico y ponen en riesgo la democracia. El oportunismo aleja a los partidos políticos de su misión social. En esos casos, pensar en la autodepuracion de los órganos Ejecutivos o legislativos es una salida democratica en todos los niveles de gobierno. En Ecuador, la autodepuración de los gobiernos locales cuenta con un  avance normativo en los articulos 332 y 333 del Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD vigente. En el caso de la Asamblea Nacional, la propuesta presidencial merece un análisis y debate profundo que logre corregir estos desvios de la democracia y se pueda expulsar del sistema político las prácticas oportunistas de politiqueros sin formación ni conciencia.